El TSJA anula por segunda vez la modificación de planeamiento de Arahal para eliminar especiales protecciones del suelo rústico

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha notificado recientemente a Ecologistas en Acción una segunda sentencia favorable que anula la Modificación Puntual nº 34 del planeamiento urbanístico de Arahal (Sevilla), en lo referente al suelo rústico para eliminar la Especial Protección por Asentamientos Irregulares, con la que el gobierno municipal de IU ha facilitado la legalización de viviendas ilegales, algunas de ellas con orden judicial de demolición.

    Hace algo más de un año, el TSJA dio la razón a esta Asociación en otro contencioso contra la MP 34, en lo referente a suelo rústico para eliminar la Especial Protección de Cauces y la Especial Protección Agrícola, imponiendo a las partes demandadas las costas procesales.

    Por los mismos motivos que la anterior anulación, el Tribunal encuentra injustificada la modificación del planeamiento y recuerda que el principio de no regresión calificadora de los suelos especialmente protegidos exige una motivación razonada, pormenorizada y particularizada de las actuaciones administrativas que impliquen la desprotección de todo o parte de esos suelos.

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    Por otra parte, determina que la modificación carece de evaluación ambiental y por último, señala, que no es lícito cambiar el planeamiento para legalizar viviendas ilegalmente construidas.

    Las normas no permiten extender Declaraciones de Asimilado a Fuera de Ordenación, la figura empleada para legalizar viviendas, a las construidas en Suelo de Especial Protección, por lo que en lugar de demoler el gobierno municipal optó por eliminar las protecciones.

    Según ha indicado Ecologistas en Acción en un comunicado “esta nueva sentencia vuelve a demostrar la nefasta política urbanística seguida desde hace más de una década por el equipo de gobierno de IU, especialmente lesiva para el interés general la gestión del que fuera concejal de Urbanismo los últimos años”.

    Así, la organización critica que “el Ayuntamiento de Arahal siempre se ha mostrado favorable a la legalización de las viviendas por encima de las exigencias legales -incluso cambiando la norma si hace falta-, anteponiendo el interés de los particulares que construyeron en zonas no urbanizables y protegidas frente al interés general del resto de ciudadanos cumplidores de la legalidad”.

    Del mismo modo, recuerda que “la sentencia, que no es firme, podrá ser recurrida por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo, aunque no creemos que se haga por los precedentes con en anterior fallo judicial”.

    En última instancia, alega que “es urgente un cambio drástico en la gestión del urbanismo local donde el futuro PGOU no otorgue un trato de favor a las viviendas ilegales sino la demolición de las que se mantienen fuera de planeamiento, especialmente las situadas en suelos no urbanizables de especial protección”. “Estamos convencidos que es el único método eficaz para evitar el efecto llamada contra la impunidad de las construcciones ilegales”, concluye.

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